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“Coste y utilidad de las diputaciones provinciales”. Jaime Castellano y Rafael Rivera. Fundación ¿Hay Derecho? – mayo de 2016.

Posted by Jaime Gaviria en 28/05/2016

En pleno debate electoral cara a las elecciones del 26 – J se ha publicado un estudio muy interesante, presentado por la fundación ¿Hay Derecho?, sobre cuánto cuestan y qué utilidad tienen hoy en día las diputaciones provinciales. Estos organismos de la Administración española, cuyo origen se sitúa en el siglo XIX, están en cuestión, y son varios los partidos políticos que incluyen, en sus programas electorales, la reconversión de las diputaciones, o simple y puramente su desaparición.

En medio de un periodo de tremenda crisis económica en el país   -que, por mucho que nos quieran vender lo contrario, yo creo que no ha terminado-    , es un clamor en la sociedad española la necesidad de reducir los gastos del sector público, y de terminar con el despilfarro de recursos y con su mala gestión. Por lo que el estudio tiene su sentido, y más en este momento.

El trabajo se circunscribe a las 38 diputaciones provinciales de régimen común que actualmente existen en España. Deja fuera a las diputaciones forales vascas y a la navarra, porque sus funciones, sistemas de financiación, y   -muy importante-   la forma de elegir a sus órganos de gestión es totalmente diferente a las de régimen común.  Tampoco se han incluido los cabildos canarios ni los consejos insulares baleares. Hay que aclarar también que, en las comunidades autónomas uniprovinciales   -Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia y La Rioja-   no existen diputaciones provinciales puesto que sus funciones las asumen los organismos autonómicos.

En mi opinión, y aunque los autores utilizan palabras prudentes y diplomáticas en las conclusiones de su estudio, éstas son demoledoras y se resumen fácilmente: las diputaciones provinciales de régimen común, hoy en día, no tienen ninguna justificación. Son unas instituciones que, provinientes del siglo XIX, en el que el país era otro en cuanto a su organización territorial y a su distribución poblacional, se han ido haciendo un hueco por sí mismas en la actual organización autonómica de España. Pero sus funciones muchas veces no están claras, otras están duplicadas con las de los organismos autonómicos, y sobre todo, son fuente evidente de mala gestión del dinero público, de nepotismo y de corrupción. Valga el ejemplo de la diputación de Ourense, en la que el diputado general Baltar se ha jactado públicamente de haber “enchufado” en su diputación a más de 100 funcionarios.

Es descorazonador ver cómo hay algunas diputaciones cuya principal función es gestionar su propia deuda y / o sus propios gastos de personal, y cómo en algunas parece que se han instalado verdaderas sagas de dirigentes que se perpetúan en el tiempo   -valga el ejemplo de la diputación de Castellón, en la que la familia Fabra “reina” … ¡desde 1874!-   . Los sistemas de elección de sus órganos distan mucho de ser claros, y el control del gasto que realizan es discutible. Por no hablar de los criterios que utilizan para gastar, terreno donde cada una de ellas hace, literalmente, “de su capa un sayo”.

¿Por qué se mantienen? Como siempre, por falta de voluntad política para hincarle el diente a uno de los problemas de mala organización del Estado. Porque son graneros de votos y de apoyos políticos.

¿Es fácil suprimirlas? No tanto como algunos parecen creer, porque requeriría una modificación de la Constitución   -son organismos reconocidos en ella como parte de la Administración del Estado-   , y además se tendría que garantizar la prestación de  los servicios que dan a los pequeños municipios. Lo cual podría conllevar la fusión de muchos de ellos. Una vez más, hace falta voluntad política.

¿Se ahorraría mucho con su supresión? En cifras globales de una economía como la de España, no es que supongan mucho. Los autores evalúan los ahorros a medio plazo en el entorno de los 1.000 millones de euros (aproximadamente el 0,1 % del PIB nacional). Pero su desaparición no está tanto más que justificada por el ahorro, sino porque son, como demuestra el estudio, una fuente más de mala gestión, de despilfarro y de nepotismo político. De lo cual la sociedad española ya está más que harta.

Os dejo aquí el acceso al estudio por si alguien se anima. Sí que os digo que es un trabajo, en mi opinión, muy bueno, muy didáctico, fácil de entender, y muy clarificador.

http://www.fundacionhayderecho.com/wp-content/uploads/2016/05/FHD_InformeDiputaciones_Vf.pdf

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